Ministerio de Justicia denuncia que un 31% de funcionarios judiciales obtuvieron su título en universidades cuestionadas

Quito.- De 596 jueces que administran justicia en los tribunales del Ecuador, según un corte a enero del 2011, 77 obtuvieron sus títulos profesionales en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador (UCCE), la misma que cerró sus puertas por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, en junio del 2008.

Respaldados en un extenso informe, los asambleístas de Montecristi cerraron este centro de estudios. Entre las causales de la extinción planteada en la ex Asamblea Constituyente se citaba la entrega fraudulenta de títulos superiores, entre ellos los de doctores en leyes.

A su debido tiempo se denunció que en pocos meses, y sin un plan de estudio adecuado, la UCCE graduó profesionales de tercer nivel en carreras que en universidades legales y con un pensum apropiado tardarían varios años. Incluso, en la Asamblea de Montecristi se habló de compra de títulos y demás irregularidades.

Con base en esos antecedentes, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senacyt), realizaron una investigación para determinar cuántos de esos títulos cuestionados se entregaron a servidores judiciales, en especial a los jueces de todo el país.

Se determinó que de 3 730 servidores de la Función Judicial que tienen título de educación superior, 1181 lo consiguieron en universidades cuestionadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (Conea), lo que representa el 31.24 por ciento de los funcionarios judiciales.

A su vez, de éstos, 213 funcionarios ostentan un título superior (casi todos en Derecho) en la extinta UCCE, y de ellos, 77 son jueces que administran justicia en diversas salas y tribunales de todo el país.

Como parte del Mandato 14 que cerró esta institución de educación, se dispuso que los títulos cuestionados de la UCCE no podían ser inscritos en los registros profesionales que maneja la Senacyt, los mismos que pretenden garantizar la probidad de los estudios cumplidos, así como su valía profesional.

Pese ello, no han faltado los recursos legales para inscribir como validos esos títulos en la Senacyt. Uno de ellos lo presentó el pasado 7 de abril, el juez Ángel Caicedo, del cantón Eloy Alfaro, quien ordenó que se registren esos documentos como legales. Hay que mencionar que este juez forma parte de la lista de supuestos profesionales del derecho que obtuvieron su título en la UCCE.

Con este estudio, el Ministerio de Justicia también busca transparentar la relación que existe entre los problemas de la educación superior y la mala administración de justicia por la cuestionable formación profesional que dicen haber recibido una buena parte de los servidores judiciales, indica un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.

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